¡QUEMAD AL DOCENTE!

La escena es una vieja conocida en los relatos de historia medieval: una turbamulta de siervos de la gleba inflamada por la más brutal de las inopias que recorre las calles de cualquier aldea al grito de “¡quemad a la bruja!”. Mientras la furibunda plebe desahoga su humillante y miserable malvivir, en los trascoros de tan dantesco teatro los propietarios de las vidas ajenas manejan los hilos del drama y las acusaciones decisivas. Un espantoso panorama de ira, fuego y manipulación. Por fortuna, con la postrer llegada de la Ilustración, la luz intelectual iba a dejar claro que aquellos atroces incendios eran fruto de la ignorancia, que la sabiduría resultaba indudablemente mejor. Y al fin dejaron de arder personas cuyo único delito era ser más avanzadas que los usos y creencias de su época o, simplemente, más sabias que sus verdugos. 
     
     En estos tiempos duros que corren -en los que gracias a los impetuosos empellones del feroz capitalismo caminamos, como decía Umberto Eco, a paso de cangrejo-, comprobamos que la escena antes relatada parece estar levantándose de su tumba, desperezándose para recomenzar el viejo ritual del fuego depurador. Y mientras antes se prendía a las brujas, ahora son los docentes quienes ocupan el lugar menos recomendable de la barbacoa. 
     
     A nadie se le escapa el doloroso desprestigio social que ha alcanzado la otrora respetadísima profesión de enseñante; ojeriza opíparamente alimentada tanto por el pésimo ejercicio de la nueva dimensión participativa que la democracia otorgó a las familias, como por la dejación generalizada del alumno hacia su verdadero rol y lugar en el asunto formativo. Por eso, cuando lo que se buscaba era un equilibrio en el mundillo escolar con el fin (inicialmente bienintencionado, al final totalmente equivocado) de la participación de todos, el resultado no ha sido otro que una pésima gestión por parte de los dos elementos más ajenos a la cuestión técnica de la enseñanza: la familia y el alumno. De repente, todo el mundo, estudiantes incluidos, se ha sentido impelido a autoproclamarse experto en la materia, docto en el noble arte de enseñar, y donde unos debían dedicarse a poner lo mejor de sí mismos para aprender y otros darlo todo en la tarea de apoyar, ha ocurrido que ambos se han precipitado al afán de opinar, juzgar, calificar, criticar y, si los resultados no acompañan, denostar la labor del profesional que sabe. 
     
     Y de este mundo al revés, de los polvos de esta kafkiana situación, no sólo han llegado los lodos del generalizado vituperio social hacia el docente, sino que, tomando buena nota del fenómeno, las administraciones educativas, los jefazos, se han puesto a la tarea de sacar provecho de la misma -convenientemente colmados sus oídos con las ideas susurradas por las voces pedagógicas de arribistas y pseudoexpertos-, siquiera porque en el bando de las familias hay más volumen de voto que en el de los enseñantes. Y eso, al final, es lo único que cuenta. 
     
     Si recientemente el ministro del ramo (confeso ignorante del asunto educativo) abrazó la bíblica teoría de la separación del trigo y la paja, o lo que es lo mismo, de los buenos y los malos profesores -como si fuera tan sencillo encontrar algo o alguien capaz de determinar tal separación-, ahora le toca el turno al arma de la masiva destrucción personal y moral, a la madre de todas las infamias: la sospecha infundada. Así, el último episodio de este acoso a los docentes es la intención del Ministerio de Educación de solicitar a todos los profesores un certificado de antecedentes penales que acredite que no han sido condenados por delitos sexuales. En otras palabras, abrir la mente colectiva al subrepticio mensaje de que todo profesor de este país es, mientras él mismo no se tome la farragosa molestia de demostrarlo, culpable por sospechoso de practicar la pederastia. Toda una ocupación por la fuerza del ámbito personal de los derechos humanos acompañado del famoso difama, que algo queda
     
     Pues bueno, puestos a sospechar unos de otros, y recogido el guante de nuestra arbitraria condena, allá vamos con la andanada, que bien nos la hemos ganado. A bote pronto surgen tres preguntas clave para intentar enfocar el asunto con la debida picardía: ¿quién lo pide?, ¿por qué lo pide? y ¿para qué lo pide?   
    
     En primer lugar, ¿quién o quiénes nos piden que demostremos la inocencia que ya llevamos años demostrando? Pues son precisamente los gobernantes, los miembros de un gremio en el que, tal y como avalan las hemerotecas y los registros judiciales, prevalece un elevado índice de fechoría, si sumamos presuntos e imputados. Y decimos elevado porque el número de defraudadores, corruptos, prevaricadores, evasores fiscales y demás catálogo de horrores entre la grey política centuplica exponencialmente el porcentaje, minúsculo hasta el absurdo, de pedófilos en el gremio docente. Ahora bien, sin olvidar que pocos crímenes se antojan más detestables que el abuso sobre los menores, a nadie le sorprendería descubrir que por cada profesor pederasta puede haber cien políticos imputables por delitos varios. Sin embargo, resulta que éstos, paradójicamente, no han de asumir la infamia de ser tomados tácitamente por culpables y, en consecuencia, aportar, para el ejercicio de su profesión, los certificados de penales que a los demás vienen a exigirnos. Y las gentes de bien nos preguntamos, ante tal enormidad de presuntos delincuentes, ¿qué no habría que pedirles entonces a nuestros políticos? ¿Penales, expediente sin multas, certidumbre compulsada de no haberse codeado con otros delincuentes o no haber malversado ni un euro ajeno? Quizá fuera bueno recordar que el presidente del gobierno suele pedir que no se generalice al prejuzgar de antemano a sus colegas. Esperamos ansiosamente que ahora asome también a enmendar planas y a manifestar públicamente que todos los docentes tenemos el mismo derecho a no ser tenidos por culpables a capricho. Larga se intuye la espera. 
     
     La segunda cuestión no es menos baladí: ¿por qué se nos pide a los docentes que aclaremos nuestra inocencia? Acaso porque se acercan elecciones y se ha de distraer al votante, intentando evitar que tenga claro quiénes han sido los más prolíficos autores de delitos en este último cuatrienio. Y como muchos se malician respecto a qué gremio alberga mayor número de malhechores, los dirigentes parecen querer tapar el brote de inmundicia moral que asola su profesión últimamente inventando la distracción de unos nuevos criminales. Ningún colectivo más apropiado para ello que el docente, en contacto cotidiano con los infantes. Y en esas estamos, en que los profesores en general, así de repente y a capricho de los que mandan, ya somos sospechosos de la peor de las aberraciones.
     
     Por último, ¿para qué se nos pide esta humillación? Dado que estamos en un momento muy propicio, el fin último de esta vergonzosa táctica no se aleja mucho de los guiños electoralistas a las masas votantes. De hecho, el mensaje subliminal es que, gracias a la diligencia de los mandamases, sus niños van a estar bien protegidos. Habiendo tenido varios años de gobierno para tomar esta medida resulta que, omitida la responsabilidad de una actuación pronta ante la primera de estas aberraciones, esperan a media jornada de las elecciones para anunciarla al público y venderla como un éxito de gestión, a ver si al final caen unos votos más. ¿Cabe mayor abyección que ensuciar la reputación de trabajadores honrados por una soflama electoral, que humillar a los profesionales que nos sacan de la oscuridad de la ignorancia para rebañar puñados de votos y con ellos, claro está, poder seguir viviendo a costa de la política? ¿Es imaginable una vileza mayor? 
      
     Hasta aquí nuestras sospechas y ahora que se apañen las autoridades para confirmar si son ciertas o no. 
     
    Mas convendría, además, considerar un par de hechos que torticeramente se nos ocultan en toda esta estrategia de desprestigio moral. Uno de ellos es que cada vez que se produce una sentencia condenatoria hacia un pedófilo, el juzgado informa acerca de dicha resolución a la empresa que le da trabajo. Luego es fácil colegir que las administraciones educativas, en estos momentos y por imperativo legal, están al cabo de la calle sobre si en sus nóminas se cobija alguno de estos monstruos. Entonces, ¿para qué pedir antecedentes penales a quien no los tiene cuando ya se sabe quiénes son los condenados? ¿No habría, en cambio, que pedir cuentas a esas administraciones omisas por ignorar lo que deberían saber o por no haber tomado medidas al respecto? 
     
     El otro es la necesidad de crear un registro de condenados por pederastia antes de enfangar nuestra profesión con la suciedad de la duda. Y si en dicho registro constase la profesión del reo, mejor, pues así comprobaríamos con claridad (y posiblemente con sorpresa) que ninguna profesión, liberal o funcionarial, periodística o artesanal, laica o religiosa, se libra de cobijar esta lacra. Aparte el obvio objetivo de tener controlado a ese grupo de deleznables delincuentes, este procedimiento resultaría, además de más operativo, mucho más digno para quienes jamás han incurrido en desmán alguno durante el ejercicio de su profesión docente. Nos complacerá más o menos oírlo, pero resulta indignante e injusto que el derecho a la privacidad de los pedófilos se anteponga a la presunción de inocencia de centenares de miles de profesionales con su expediente impoluto; profesionales que por otro lado, y a buen seguro, pagarían de su propio pecunio el precio necesario para tener encerradas a esas abominaciones humanas hasta que natura les privase de su agresividad.
     
     Poco importa si esta petición, muy discutible en el escenario de la aplicación rigurosa de un estado de derecho totalmente garante para el ciudadano, viene envuelta en el grandilocuente celofán de una ley orgánica: nunca resultará justificable ni que muchísimos sean perjudicados por la conducta antisocial de unos pocos, ni que la persecución de delincuentes implique la supuesta culpabilidad de quienes nunca lo fueron. Sería conveniente que las autoridades reflexionasen sesudamente sobre sus intenciones y sobre el encaje del tal certificado de penales en el sagrado derecho a la presunción de inocencia. Asimismo, resultaría deseable que, antes de caer (por motivos populistas) en el quebrantamiento de uno de los pilares del estado de derecho, se aplicasen a encontrar la mejor solución posible, con el fin de evitar la inflamación de la conciencia colectiva mediante la condena previa y gratuita a los profesionales honrados. Porque justo en el instante en el que, como marionetas al son de hilos invisibles, los ciudadanos se lancen a las calles al grito de “quemad al docente”, en ese preciso instante todos habremos recorrido un camino difícilmente recuperable, habremos alcanzado el punto sin retorno en nuestra deriva hacia el pasado, atravesando la delgada línea que separa la luminosa sabiduría de la más oscura de las ignorancias.

2 comentarios:

  1. Hola, Manuel. Hace nada he puesto un comentario acerca de este asunto en el blog de Xavier, aquí te lo reproduzco:
    "Hola, Xavier y restantes amigos. Como este asunto ya salió en algunos comentarios de mi artículo "Para profesores buenos, los del futuro, los demás son todos una..." y allí sostuve que esta medida no era condenable, creo que por coherencia debería explicarme aquí también. Si pulsamos el enlace de la Ley 26/2015, veremos que nos lleva a un texto en el que se presentan algunas modificaciones a la Ley 1/1996. La octava de ellas dice:
    «5. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.»
    Por lo que yo entiendo de esto, quienes van a estar obligados (si es que esto llega a ponerse en marcha) a demostrar su no implicación en determinados delitos sexuales no vamos a ser los profesores, sino quienes pretendan acceder a la nuesta o a cualquier otra profesión que implique relación con menores. En consecuencia, no es a nuestro colectivo ni a ningún otro grupo porfesional a quien se señala y estigmatiza, sino que lo que se pretende es que, dentro del indefinido colectivo de aspirantes a oficios relacionados con niños (esto puede afectar también a los aspirantes a pediatras, por ejemplo) no se cuele ningún pederasta, cosa que me parece lógica, dado que ya hay precedentes de estos señores situándose en oficios propicios para sus perversiones. Creo que este comportamiento de la Administración es irreprochable, ya que no criminaliza a ningún colectivo profesional, sino que fija filtros para que determinados delincuentes no se infiltren donde no corresponde. Desde luego, pedirnos a los que ya somos profesores un certificado negativo sobre delitos de cualquier índole sería un abuso y, no sé vosotros, pero yo me negaría en redondo a darlo y acudiría a un abogado, por aquello de la presunción de inocencia. Creo, pues, que los señores de eldiario.es, o no han leído bien la norma, o tenían ganas de enredar. Un saludo para todos."
    En ese artículo tú también has introducido un comentario, en el cual muy sensatamente señalas que, si se te pidiera un certificado así, te negarías en redondo a darlo, cosa que no solo sería la más justa, sino que tendría todo a favor para salir victoriosa, porque pedirnos tal certificado a los que ya somos docentes sería un disparate y una aberración que estoy seguro de que no se le ha pasado a nadie por la cabeza. Un saludo.

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    1. Sr. Guachimán: Encantado, como siempre, de aceptar tu presencia en este humilde (y de frecuencia cada vez más irregular) foro. De nuevo téngase usted por bienvenido, junto con su aportación. Permíteme la referencia a algún otro medio (diferente a eldiario.es) que también menciona el asunto de la solicitud de los penales a todo el profesorado: http://www.abc.es/sociedad/abci-profesores-tienen-hasta-febrero-para-certificar-no-delincuentes-sexuales-201511061357_noticia.html. Y ABC tiene hilo directo con Moncloa. También aparece la misma noticia y con el mismo sentido en otros muchos medios regionales (por ejemplo, El Diario Montañés, en Cantabria, La Opinión de Tenerife o La Gaceta de Salamanca). El asunto no está nada definido, por lo que cada minuto que pasa sin que el Ministerio correspondiente aclare a quiénes va a pedir dicha prueba aumenta el deterioro de la confianza en los profesores honrados, que como digo en el artículo, somos la mayoría. Yo entiendo cada línea de tu comentario, pero la masa aborregada no sería capaz de llegar al primer punto y seguido, y se quedarían con el prejuicio, alimentado por el anuncio de los medios. Eso, nos guste o no, es un estigma del que nos va a costar librarnos (además del enorme desprestigio acumulado ya). Muchas gracias, de nuevo.

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Muchas gracias por tu aportación.